Aunque en un principio el texto legal fue acogido con gran alegría por las diversas asociaciones de mujeres, la realidad ha dado la espalda a la Ley: 69 mujeres muertas a manos de sus parejas confirman que algo falla o que lo que hay sigue resultando insuficiente, sobre todo en lo que se refiere al aspecto de protección de las víctimas.
Más que al contenido de la Ley, las quejas que nacen de los diferentes colectivos que luchan para la erradicación de la violencia doméstica es del incumplimiento del llamado Pacto de Tolerancia Cero contra la Violencia de Género, por parte de la sociedad, en definitiva, crear una verdadera conciencia del problema. Las críticas se dirigen, así mismo, a la prensa, por enfocar las noticias con una falta de rigor que crean confusión social, generando una falta de desconfianza hacia las mujeres que deciden dar el paso de denunciar, al pasar bajo la opinión pública de víctimas a verdugos.
Desde el punto de vista económico, las peticiones giran en torno a la insuficiencia de fondos económicos para hacer realidad los preceptos legales. Además, en lo que se refiere a la percepción económica de las mujeres víctimas de malos tratos, consideran escasa la ayuda de seis mensualidades en un único pago, para poder dar los primeros pasos.
A esto hay que añadir, el problema del incumplimiento de la Ley por parte de funcionarios de las instituciones del Estado y la negligencia en la protección de las víctimas, que ha provocado muchas de las muertes. O, lo que para diversas asociaciones, como la de Mujeres separada y divorciadas (www.separadasydivorciadas.org/) consideran intolerable: la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad de la Ley presentada por dos jueces españoles.
Por otro lado, desde fuentes gubernamentales se afirman que se han creado 460 juzgados especiales de violencia, cifra no del todo exacta. Existen 19 juzgados funcionando en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Sevilla, y 4 más de reciente apertura en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. El resto se corresponden con aquellos que funcionan como Juzgados de Instrucción y se les ha atribuido la competencia para seguir las diligencias de los casos de violencia contra la mujer, por lo que no están especializados en estas causas, tal y como viene recogido en la Ley.
Esta situación ha sido recogida por Amnistía Internacional, que en su informe "España: más derechos, los mismos obstáculos" ha analizado la Ley Integral contra la Violencia de Género en su primer año de aplicación, llegando a la conclusión de que, además de no acabar con este tipo de violencia, este año es uno de los que mayor número de muertes presenta.
* Se pueden consultar los 24 puntos de conflicto con la Ley del informe "España: más derechos, los mismos obstáculos" de Amnistía Internacional en www.es.amnesty.org/nomasviolencia/sabermas20espana.php
